Claves para la descarbonización

Lejos de ser un reclamo exclusivo de la comunidad científica o un mantra propio del movimiento ecologista, el calentamiento global simboliza un desafío formidable para el conjunto de la sociedad. Protagonista mucho antes de la irrupción de la pandemia de la agenda política, económica, empresarial y social, el futuro del clima y la supervivencia del Planeta siguen siendo hoy un objetivo irrenunciable e inaplazable.

La acción del hombre ha impreso una profunda huella ecológica. La degradación ambiental obliga a vencer el negacionismo, superar la parálisis y acelerar en una transición hacia un modelo con el que contrarrestar los efectos adversos y avanzar hacia una economía limpia y resiliente. En la mano de todos está el conseguir que esa marca no sea irreversible. ¿Podremos hacerlo garantizando una transición justa que no deje “perdedores” en el camino?

Cambio de paradigma

Candidata en 2018 a palabra del año de la Fundéu BBVA, el término ‘descarbonizar’ es mucho más que un vocablo de moda o una mera aspiración pasajera. Si atendemos a la definición y recomendaciones de uso de la propia fundación, “descarbonizar no es lo contrario de carbonizar, verbo relacionado con el carbón, sino que alude al proceso mediante el cual los países u otras entidades tratan de lograr una economía con bajas emisiones de carbono, o mediante el cual las personas tratan de reducir su consumo de carbono, de acuerdo con la definición incluida en el glosario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”.

En ese proceso de descarbonización tiene un papel protagonista la transición energética. Eliminar el uso de energía fósil (carbón, petróleo y gas) de la producción eléctrica y sustituirlo por fuentes alternativas (solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica…) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una demanda global a la que no podemos permanecer ajenos. Una misión conjunta que requiere la suma de esfuerzos y voluntades, la implicación al máximo nivel de gobiernos, empresas y ciudadanos.

El punto de partida no admite discusión: debemos cambiar nuestro patrón energético. Lo es desde una perspectiva de responsabilidad hacia la emergencia climática y bajo la óptica del impacto nocivo de la contaminación sobre la salud. Al mismo tiempo, la descarbonización representa una oportunidad formidable para modificar relaciones de dependencia económica, promover la inversión, la generación de empleo y el crecimiento.

Sin embargo, también es imprescindible hacer este proceso compatible con la disponibilidad de un suministro energético garantizado y competitivo. Es fundamental evitar que este proceso derive en un traslado de actividad y empleo hacia regiones con menores exigencias y costes ambientales, con el efecto perverso que ello supondría sobre los objetivos globales del Planeta.

El cambio climático impregna por completo la hoja de ruta del desarrollo sostenible. Y se precisa una respuesta urgente. Esta visión, con horizonte temporal 2030-2050, demanda la puesta en marcha de una estrategia país, como han hecho, por ejemplo, potencias de la talla de Reino Unido (Climate Change Act, 2008), Alemania (Energiewende, su política de transición energética a largo plazo que vio la luz en 2010 y cuya implantación progresiva se realizará hasta 2050) o Francia (LTE, 2015; y las leyes Grenelle de 2009 y 2010). Todas ellas remarcan, sin ambages, la necesidad de impulsar el desarrollo renovable, para lo cual están optando, entre otras acciones, por reducir sus consumos energéticos, dar portazo a la utilización de recursos fósiles o propulsar el uso del coche eléctrico.

España no quiere descolgarse. Todo lo contrario. Está yendo más allá en los objetivos planteados por la reglamentación climática europea para alcanzar la plena descarbonización, proteger la biodiversidad y promover una movilidad sostenible. En sintonía con el Acuerdo de París y los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea, el Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno de España aboga por tener en cuenta la realidad nacional y la coyuntura energética específica, para lo cual será preciso profundizar en aspectos aun poco desarrollados, como la gran diversidad entre los territorios del propio país en cuanto a situación de partida, impacto, perspectivas o necesidades; por conjugar un soporte legislativo con una batería de instrumentos y medidas concretas para afrontar la evolución hacia un paradigma sustentado en las energías verdes y las tecnologías limpias. Con un horizonte temporal de 30 años, la maduración y ejecución de este proyecto para lograr la neutralidad climática a mediados de siglo requerirá grandes dosis de esfuerzo y responsabilidad.

Objetivos y medidas en la transición energética

La UE apuesta por acelerar los objetivos climáticos. Para ello, recientemente revisó al alza, del 40% a un 55%, su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. En 2050, la cifra debería llegar al 80%.

En el caso español, las medidas previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) permitirían una rebaja del 23% en el volcado de CO₂ a la atmósfera en relación a 1990, un 42% de renovables sobre el uso final de la energía, una mejora de la eficiencia energética del 39,5% así como la incorporación de un 74% de energía verde en la generación eléctrica.

Alcanzar estas metas no será tarea fácil. Según el itinerario trazado en el citado documento (dividido en cinco ‘dimensiones’), para el intervalo 2021-2030, España debería centrarse, fundamentalmente, en la transformación del sistema eléctrico y en la renovación de su marco regulatorio. Iniciativas de gran calado en esta dirección incluyen el cierre programado de las centrales térmicas de carbón y de las plantas nucleares, una utilización más intensiva de las instalaciones de ciclo combinado de gas y el impulso a la electrificación del transporte y la movilidad. Posteriormente, de cara al periodo 2031-2050, el transporte de mercancías, las infraestructuras, la movilidad de las personas y un urbanismo más responsable se convertirán en los ejes vertebradores de la estrategia de descarbonización.

En todo este proceso, es imprescindible atender también a las dificultades (y posibles efectos negativos irreversibles) que una transición acelerada respecto a otras regiones del Planeta pudiera tener. No es posible realizar una transición energética desacoplada de un plan industrial, que no garantice la competitividad de las empresas o que no atienda a los impactos territoriales diversos, por citar algunas cuestiones especialmente relevantes.

Claves para una economía baja en carbono

A la hora de afrontar la transición ecológica, energética y económica, conviene tener en cuenta una serie de propuestas y recomendaciones cuya correcta implementación coadyuvará a cumplir las metas de neutralidad climática y aumentar la competitividad. Entre otras, encontramos:

• El cambio en las formas de producción, consumo y ahorro de energía obliga a redefinir el modelo energético español. El plan de transición debería articularse sobre la adaptación de la matriz energética –y todos sus componentes- a esta nueva realidad.
• El nuevo modelo energético debe proporcionar un suministro energético garantizado y competitivo, en términos de calidad en la provisión y en precios, particularmente para las actividades industriales más electrointensivas y expuestas a la competencia internacional. Es fundamental que la transición energética vaya alineada con un plan industrial.
• Asegurar un modelo de transición justa para los territorios más afectados por el proceso, articulando los mecanismos necesarios para ello con carácter previo al cierre de las instalaciones.
• Potenciar las energías limpias. Las acciones clave para aspirar a ser 100% renovable antes de 2050 pasan por desplegar un parque de generación eléctrica asentado en fuentes alternativas que sustituya al actual, fijar un marco regulatorio, desarrollar la infraestructura de red, garantizar su funcionamiento y asegurar un almacenamiento eficiente.
• Descarbonizar las ciudades. En este contexto de electrificación de la economía, la reconversión de los núcleos urbanos será esencial para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y ganar eficiencia medioambiental. Bajo dicha premisa es prioritario acometer cambios en la proyección del espacio público y la gestión urbanística, en materia de edificación y rehabilitación de inmuebles, procesos industriales, infraestructuras de transporte, fomento de la movilidad eléctrica y sostenible, etc...
• En contraposición a un modelo lineal, de usar y tirar, otorgar mayor protagonismo a la economía circular, un sistema económico y social basado en el aprovechamiento de los recursos y el respeto por el medioambiente, donde se minimiza la producción en favor de la reutilización y el reciclaje para rebajar la generación de residuos.
• Promover una mayor implicación empresarial con la emergencia climática. Es momento de pasar a la acción e incorporar las políticas de descarbonización en la planificación estratégica, financiera y operacional de las compañías. Todos los sectores económicos deben involucrarse en esta transición, un paso al frente que les permitirá abanderar la conversión hacia una economía baja en emisiones.
• Estimular la inversión privada en el ámbito tecnológico. La I+D+i permitirá, con el tiempo, cumplir de una forma más ágil e integral con los objetivos de ahorro y eficiencia energética, con el consiguiente beneficio para empresas y hogares. Además, una nueva fiscalidad medioambiental puede desalentar la proliferación de emisiones contaminantes e incentivar el uso de fuentes limpias.
• Introducir mecanismos de financiación climática más innovadores. Estos productos y servicios comercializados por el sector bancario y financiero (préstamos y bonos verdes, fondos de inversión socialmente responsable, etc.), servirán para desarrollo de proyectos alineados con los objetivos climáticos.

Tenemos por delante un reto complejo, pero también apasionante: impulsar la transición definitiva hacia una economía descarbonizada, sostenible y respetuosa con el Planeta y las personas. Un futuro mejor es posible. ¡Intentémoslo!