Los resultados de la EPA del primer trimestre de 2020 son malos, si bien no distan demasiado de los de otros primeros trimestres en Asturias: sube el paro (9,8% y 5.800 parados más) y baja la ocupación (-1,1% y 4.400 ocupados menos) respecto al trimestre anterior. Incluso, en términos interanuales, se mantiene aún la tendencia de mejora en los datos regionales de ocupación (0,6% y 2.300 ocupados más) y desempleo (-4,6% y 3.100 parados menos).
Sin embargo, es evidente que todos estos resultados no reflejan la situación actual del mercado laboral, gravemente afectado por el impacto que la crisis del COVID-19 está teniendo sobre la economía y el empleo, al estar condicionados por varias circunstancias. En particular:
- Los efectos del COVID-19 solo se han manifestado en las 2 últimas semanas de las 13 de referencia para esta encuesta trimestral.
- Los afectados por ERTE con suspensión de empleo se siguen considerando ocupados mientras esa suspensión sea inferior a tres meses.
- Hay muchas personas que han perdido su empleo clasificadas como inactivos, en lugar de parados, al no poder cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo exigidas para ser considerados como parados.
Por tanto, aún debemos esperar a poder contar con más datos para conocer realmente el impacto que esta situación está teniendo en nuestro mercado laboral. Los registros laborales del mes de marzo que conocíamos hace unos días mostraban un mayor deterioro que esta EPA, pero tampoco lo hacían en toda su intensidad.
En esta situación, grave desde la vertiente sanitaria y social, las empresas están acudiendo, de forma mayoritaria, a medidas de regulación temporales (ERTES) buscando el menor impacto en el empleo. Para contribuir a ese menor impacto, es imprescindible flexibilizar su uso y extender su duración, particularmente para aquellos sectores en los que la actividad se va a recuperar de forma gradual, evitando con ello consecuencias graves y duraderas sobre el empleo.
En este contexto, es imprescindible implementar medidas que den seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores, instrumentalizadas a través del diálogo social, para adaptar la actividad económica a la evolución de la pandemia con el fin de garantizar una salida más rápida de la parálisis económica, la pervivencia de las empresas y del empleo.