Después de que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, recogiera específicamente la creación de una línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 y la ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO cabe valorar positivamente que el Consejo de Ministros celebrado esta mañana haya aprobado, finalmente, un primer paquete de medidas en este sentido. Ya habíamos dicho que esta era una medida de carácter urgente ante la situación que estamos viviendo.
No podemos hacer una valoración concreta de las medidas anunciadas, porque no disponemos del texto específico por el que se regirá su concreción. Ante esta circunstancia, nuestra valoración en el momento actual se ciñe a los datos dados a conocer por la sra. portavoz del Gobierno de España después de la celebración del Consejo de Ministros. Cuando dispongamos de los detalles concretaremos nuestro parecer.
En primer lugar, parece limitada la cantidad que se pone a disposición de las empresas y autónomos en este primer tramo: 20.000 millones de euros, divididos al 50% entre empresas de más de más o menos de 250 trabajadores, como se ha anunciado, puede no dar cobertura suficiente a las necesidades de financiación que previsiblemente se producirán en el conjunto del tejido empresarial español.
Respecto a la cobertura, los supuestos que se contemplan como financiables para pymes y autónomos parecen correctos: salarios, circulante, facturas, necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de préstamos e impuestos. No obstante, el porcentaje del 80% es inferior al solicitado por los representantes empresariales (90%, en línea con lo que ha sido anunciado en otros países europeos).
En cuanto a la partida destinada a empresas de más de 250 trabajadores, desconocemos si los supuestos a los que pueden destinarse son los mismos que en el caso de las pymes. Respecto al porcentaje de cobertura es, asimismo, bajo (70% nuevos créditos y 60% para los que venzan en los próximos meses).
Es positivo que se permita incluir operaciones formalizadas desde el pasado día 18, ya que muchas empresas y autónomos se han visto obligadas ya a revisar sus condiciones de financiación.
En todo caso, la clave ahora estará en la ejecución y, particularmente, en la capacidad que tengamos para dinamizar desde Asturias el acceso de nuestras empresas a este apoyo. Confiamos en que desde la Administración regional se impulsen todas las actuaciones posibles para facilitar ese acceso, además de otras que puedan complementar esa línea en los casos en que sea necesario, tal y como ya se está planteando en otras comunidades autónomas. Con ese ánimo estamos también trabajando en FADE, y esperamos que Asturias no se quede atrás.