Frustración e incertidumbre ante un conflicto de interpretación jurídica entre administraciones.
Este es el sentir mayoritario entre los empresarios y autónomos que han recibido ayudas covid y que confiaban en beneficiarse de la correspondiente deducción en la cuota autonómica del IRPF.
Corresponde ahora al Tribunal Constitucional pronunciarse conforme a derecho, pero desde FADE cabe preguntarse si no es posible articular un sistema que evite estos conflictos antes de que las normas más delicadas vean la luz.
Lo cierto es que, a día de hoy, miles de autónomos y empresarios están afectados por una incertidumbre innecesaria y evitable, y ven amenazada una parte no pequeña de las exiguas compensaciones que han recibido por el cierre o limitación de su actividad producidos por la pandemia.