La presidenta de FADE ha designado al recién elegido presidente de FEMETAL, Antonio Fernández-Escandón, como vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios, cargo en el que sustituye a Guillermo Ulacia.
En su despedida, María Calvo ha reconocido a Ulacia el “rigor, seriedad y eficacia con que ha defendido los intereses del sector metal, clave en la economía asturiana, cualidades que ha aplicado también con generosidad como vicepresidente de FADE, donde siempre ha hecho valiosas aportaciones”.
En su bienvenida a Fernández-Escandón, María Calvo ha afirmado que “su gran experiencia internacional, su prestigio como empresario y su profundo conocimiento del sector, serán sin duda de gran valor no solo para FEMETAL, sino para el conjunto de los empresarios asturianos a los que FADE representa”.
Al consejo ejecutivo se incorpora también Sergio Martínez, CEO de Aleastur y miembro de la junta directiva de FEMETAL.
Llamamiento a la responsabilidad en la negociación colectiva
Por otro lado, el consejo ejecutivo de FADE, en su reunión del 11 de mayo, ha abordado la situación de la negociación colectiva, tras las recomendaciones al respecto hechas por CEOE.
La Federación, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada sector o empresa, comparte la necesidad de realizar un esfuerzo de moderación salarial para preservar la viabilidad y la competitividad de las empresas y conservar el empleo, y la conveniencia de transitar hacia sistemas de retribución variable, vinculados a objetivos concretos y no a la inflación.
El caso de Asturias, FADE recuerda que las subidas salariales medias de convenio siguen siendo superiores a las del conjunto de España. Los datos oficiales de incremento de salarios en convenios con efectos en 2022 sitúan a Asturias en la sexta posición, como se puede ver en la siguiente tabla.
Además, si se compara el incremento revisado de los convenios colectivos con la evolución de la inflación en los últimos diez años, el resultado es una clara ganancia salarial.
FADE apela a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para evitar que un legítimo derecho de representación de los intereses de los trabajadores termine derivando en un daño irreparable al tejido empresarial, en el que todos, empresas, trabajadores y la sociedad en su conjunto, serían los perdedores