Las residencias geriátricas privadas de Asturias denuncian el abandono del Principado

Arsenio Alonso-Collada, presidente de ASCEGE; María Teresa Álvarez, coordinadora de la mesa y presidenta de AARTE; Marisol García, presidenta de ARGAS; y Pilar González, presidenta de LARES.

La Mesa del Sector Sociosanitario de FADE ha denunciado hoy el abandono que sufren las residencias geriátricas privadas asturianas por parte de la administración autonómica. Necesitamos un marco que proteja los derechos e intereses de todos los agentes del sector, residentes, familiares, personal y centros geriátricos. Este nos permitirá seguir prestando una atención y cuidados de calidad. En caso contrario, el futuro de muchos centros privados se verá comprometido.

Las residencias solicitan un aumento de las aportaciones por parte de la Administración que equipare la remuneración percibida con el actual nivel de atención “que prestamos y merecen las personas a nuestro cuidado”. En Asturias, los centros geriátricos privados gestionan 2.110 plazas concertadas por las que reciben 43 Euros/día por plaza. Este importe, a todas luces insuficiente, es un 25% inferior a la media nacional. A modo de ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los centros geriátricos privados reciben por plaza 75 Euros/día y en Álava 90 Euros/día. Esta importante diferencia, nos coloca en una situación de inferioridad respecto a otras Comunidades.

Advierten de que situación en la que están inmersos se agrava por la falta de actualización de esos importes desde el año 2019, lo que supone una evidente pérdida de la capacidad económica de los centros. El IPC ha sufrido desde esa fecha una modificación al alza del 11,9% y los costes han aumentado considerablemente, sólo en la pandemia, alrededor de un 30 %.

La mesa solicita que la próxima renovación del contrato para la gestión de 2.110 plazas concertadas adecue las aportaciones recibidas a la realidad del servicio. En caso contrario, advierten, no es previsible que pueda alcanzarse un acuerdo y, como efecto, los centros privados se verían obligados a renunciar a la gestión de esas plazas, lo que produciría consecuencias imprevisibles, gravísimas e indeseables, sobre todo para las personas afectadas. A pesar de la importancia de la situación y de las insistentes reclamaciones de los centros privados, la Administración no ha realizado propuesta alguna dirigida a modificar las condiciones.

Las residencias exigen que la administración se ponga al día en el pago de las plazas concertadas. El importe adeudado, correspondiente a los últimos tres meses, asciende a 7.747.920 Euros. “No existe razón alguna que justifique dicho retraso, más allá de una lentitud estructural que no acabamos de entender. Las ineficiencias administrativas están penalizando económicamente a un sector ya muy dañado por los acontecimientos que hemos padecido en los últimos tiempos”.

Reclaman asimismo que se creen mecanismos de financiación adecuados que permitan a los centros privados hacer frente al incremento de los costes derivados de la implantación del Nuevo Modelo Residencial, “cuyo espíritu compartimos”, propuesto por la administración autonómica. Su puesta en marcha supondrá un incremento de los costes actuales de, al menos, un 30% derivados de las reformas de los centros privados, el aumento de las ratios de personal y las mejoras de sus condiciones laborales. Una deficiente cobertura económica, agravará la situación de las residencias privadas hasta el punto de que muchos centros privados puedan verse obligados a cerrar.

“El relevante papel que desarrollamos los centros privados en la prestación de este servicio público, no se ve acompañado por un apoyo y reconocimiento equivalente por parte de la administración. Este abandono facilita un deterioro de las condiciones en las que nos desenvolvemos que tensionan injustificadamente nuestros recursos. Sólo podremos superarlo con un esfuerzo y dedicación intensas, la colaboración de todos los agentes y el apoyo de la administración”, concluyeron.